A través de un informe de Fedeagro, los índices de producción en la actualidad se ubican entre 65% y 70% inferiores a los de 1997 y la superficie cultivada ha bajado en alrededor de 60%. El sector agropecuario fue el primero en ser objeto de las políticas hiperestatistas que caracterizaron, desde 1999, la construcción del proyecto socialista bolivariano.
Según el ente agrícola, la debacle inició con la polémica Ley de Tierras la cual tenía dos propósitos fundamentales: introducir un esquema de planificación centralizada en la producción de alimentos y uso de la tierra, así como regular el ejercicio del derecho a la propiedad privada en el campo. Dichos objetivos se han venido cumpliendo con efectos muy difíciles de superar como es la reducción de la producción primaria de alimentos.
El informe indica que en las décadas entre 1997 y 2017 cayó 25,86% y el rendimiento promedio por hectárea se contrajo 2%, en términos generales. A ello se suma, el desestimulo de la inversión consecuencia de la política “erosiva” de los derechos de propiedad.
Actualmente los productores y procesadores de alimentos no cuentan con agroquímicos, fertilizantes, combustibles, maquinarias, equipos y servicios mínimos indispensables para realizar su labor, la cual es de muy alto riesgo económico-financiero.
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